La Unidad Fiscal de Femicidios imputó por femicidio a un hombre acusado de matar a su madre de 84 años en el macrocentro salteño. Este caso eleva los asesinatos registrados en la provincia de crímenes agravados por la cuestión de género.
La Unidad Fiscal de Femicidios imputó a un hombre de 42 años que está acusado de matar a su madre, una mujer de 84 años, hallada sin vida en el macrocentro salteño el mes pasado. La jueza Claudia Puertas dictó su prisión preventiva. Esta muerte actualiza el recuento de 2026 a nueve femicidios y un femicidio vinculado.
El relevamiento de femicidios toma como referencia los registros del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) y de la Oficina de Género del Poder Judicial, además de información difundida este miércoles por el Ministerio Público Fiscal.
El Observatorio Popular Feminista Ñawi amplía el monitoreo, ya que contabiliza como femicidios casos que en los registros oficiales figuran como muertes violentas o que no figuran e incorpora categorías como la de transfemicidios sociales.
Estos son los casos registrados.
María Griselda Olarte, de 44 años, fue asesinada con un arma blanca en su vivienda de la ciudad de Salta el 8 de febrero. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM) y del Juzgado de Garantías 8 de Salta capital. El imputado es su expareja, Alfredo Lara, sargento primero retirado de la Policía Federal, quien está detenido, acusado de “homicidio calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género”.
El 17 de febrero, Natalia Cruz, de 37 años, fue asesinada en una vivienda del barrio Luz y Fuerza de Campo Quijano, en el departamento Rosario de Lerma. El imputado es su expareja, Daniel Orlando Serapio, quien, tras haberse fugado por varios días, fue capturado y permanece con prisión preventiva. La causa está a cargo del Juzgado de Garantías N° 1 y de la UFEM.
El 16 de marzo, Vanesa Guadalupe García, de 41 años, fue encontrada sin vida en su casa del barrio San Calixto, en la capital salteña. La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica. En el mismo domicilio encontraron muerto a su pareja, Aníbal Palacios, de 51 años. La hipótesis de la investigación fue la de un femicidio seguido del suicidio del agresor. La UFEM intervino en las primeras actuaciones.
El 26 de mayo, un efectivo policial atacó a su expareja, también integrante de la fuerza, y al padre de ella, Ángel Guantay, en una vivienda del barrio Juan Carlos García Basalo, en la ciudad de Salta. Guantay murió después de permanecer internado por las heridas recibidas. El agresor también murió, por lo que no se inició una causa judicial en su contra.
Este hecho se ha incorporado a los registros y se ha considerado como femicidio vinculado, figura que se utiliza para nombrar a las personas que son asesinadas por interponerse en la línea de fuego de los agresores, al intentar impedir un femicidio o por quedar atrapadas en la escena del crimen. También se asigna esta denominación a los asesinatos de familiares o personas con quienes las mujeres que son objeto de la violencia tienen vínculo afectivo, ya que el agresor pretende infligirles el máximo dolor y daño psicológico. Ñawi lo clasifica como femicidio indirecto.
El 12 de julio, Lorena Elizabeth Argota, de 36 años, fue asesinada con un arma de fuego en su vivienda del barrio Las Palmeras en Colonia Santa Rosa, del departamento Orán. Según trascendió, su pareja la llevó al hospital local y luego tuvo que ser trasladada al hospital San Vicente de Paul de Orán, pero no pudieron salvarla y murió por una hemorragia aguda intraabdominal. La investigación está a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán y del Juzgado de Garantías Nº 2 de ese distrito. El imputado es su pareja, de 32 años, quien se encuentra en prisión preventiva.
El 24 de julio, Viviana Rústica Vilte, de 55 años, conocida como “Quica”, fue asesinada con un arma blanca en las inmediaciones de La Silleta, del departamento Rosario de Lerma. Por el crimen fue detenido un hombre que fue imputado por “homicidio triplemente calificado por la relación de pareja preexistente, ensañamiento y violencia de género”.
El 23 de agosto murió Cintia Díaz Orellana, de 20 años. Fue golpeada con un elemento contundente en la vía pública en Metán. El acusado era su pareja, Gastón Ramírez, de 26 años. En la causa intervienen la Fiscalía Penal Nº 1 de Metán y el Juzgado de Garantías Nº 2 de Metán. Ramírez permanece detenido. Cintia tenía un hijo de cuatro años, de otra relación de pareja.
El 19 de octubre, una mujer de 84 años fue encontrada sin vida en una vivienda de la avenida Entre Ríos al 1200, en el macrocentro salteño. En un primer momento, el caso se investigó como una muerte violenta. Con el avance de las pesquisas, la fiscalía imputó este miércoles a su hijo por “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por mediar violencia de género”. La prisión preventiva fue dispuesta en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria. El auxiliar fiscal Ignacio Carrizo Agüero, solicitó la medida, que fue dispuesta por la jueza Puertas.
El caso estaba registrado como muerte violenta o dudosa, pero este miércoles su encuadre cambió. La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, dispuso que se impute al hijo de la mujer, un hombre de 42 años.
Dos femicidios en Anta
El 19 de octubre, Delicia Bollada, de 38 años, fue asesinada en una vivienda del barrio Facundo Quiroga, en Joaquín V. González, departamento Anta. Su hijo de 21 años está imputado y cumple prisión preventiva. Intervienen el juez Héctor Sebastián Guzmán, y la fiscal María Celeste García Pisacic. Cinco de los hijos de Bollada, todos menores de edad, quedaron al cuidado de familiares que organizan rifas y campañas de donación de ropa y alimentos para sostener su crianza ante la falta de recursos y de asistencia gubernamental.
El último caso es el de Isabel Verónica Galván, de 40 años, quien también vivía en el barrio Facundo Quiroga. Estuvo desaparecida desde el 22 de octubre y su cuerpo fue encontrado por particulares el lunes 26 de octubre en el río Juramento, cerca del camping Laguna Blanca.
Por el crimen fueron detenidas dos personas. Su esposo, Dionisio Villalba, está imputado por “homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género”, y una mujer con quien mantenía una relación de pareja paralela está acusada de encubrimiento. Intervienen el Juzgado de Garantías del Distrito Judicial Sur y la Fiscalía Penal Nº 1 de Anta, delegación Joaquín V. González.
Los dos femicidios, cometidos en el lapso de una semana y en el mismo barrio, evidencian la falta de políticas públicas de prevención y asistencia. Joaquín V. González no cuenta con dispositivos de atención integral para víctimas de violencia de género ni con una Comisaría de la Mujer para la toma de denuncias. En el caso de Isabel, sus familiares denunciaron dificultades para radicar la denuncia por su desaparición y para alertar sobre los antecedentes de violencia del marido, cuya denuncia fue la única que tomó la Comisaría 1°.
En el departamento Anta tampoco hay fiscalías especializadas en violencia familiar y de género o femicidios, ni una Defensoría de Violencia Familiar y de Género que brinde asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito. Aunque existe un área municipal de la Mujer, Género y Diversidad, hasta el momento de la consulta ningún representante se había acercado a la familia de Isabel, que tampoco había recibido asistencia psicológica ni asesoramiento legal. Una organización social de la ciudad de Salta fue la única que se ofreció a brindar patrocinio jurídico.
El femicidio de Delicia también puso de relieve la falta de políticas para abordar los consumos problemáticos. Su hijo de 21 años, principal acusado del crimen, estaría en una situación de consumo. En Joaquín V. González, muchas familias, especialmente las madres, enfrentan los consumos problemáticos de sus hijos sin acompañamiento estatal. Aunque reclaman asistencia, no encuentran dispositivos de prevención ni de atención. A esta situación se suma la preocupación por la expansión del narcotráfico y la venta de drogas en los barrios. También faltan políticas de protección para mujeres jóvenes, algunas en situación de calle, que están expuestas a distintas formas de violencia y no cuentan con redes de asistencia.
Muertes violentas o dudosas
El Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) y la Oficina de Género del Poder Judicial también registran “muertes violentas y/o dudosas”. Sus circunstancias no permiten establecer si se trató de crímenes por razones de género. El Observatorio Popular Feminista Ñawi clasifica como femicidios algunos casos que los organismos oficiales mantienen en las categorías de violenta, dudosa o bajo investigación.
El 17 de febrero, una aspirante a la Policía fue encontrada sin vida en una vivienda del barrio El Cambio, en Capital. Intervino la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM), pero no se iniciaron actuaciones judiciales.
El 10 de junio, una mujer fue encontrada sin vida por su pareja en San Agustín, Cerrillos. Las primeras versiones mencionaron un posible suicidio, aunque no se estableció una hipótesis concluyente.
El 15 de junio, una mujer de 65 años fue hallada muerta en una vivienda del barrio Caballito, en Orán. Intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, sin actuaciones judiciales.
El 24 de junio, Guadalupe Ramos, de 19 años, fue encontrada sin vida en Orán después de una búsqueda. También intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, sin actuaciones judiciales consignadas.
El 22 de julio, Claudia Alejandra fue hallada sin vida en una garita de Gauchito Gil, en el barrio Juan Pablo II, en la ciudad de Salta. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el médico legal indicó que murió por asfixia a causa de un ahorcamiento y que no presentaba otros signos de violencia. Trascendió que se encontraba en situación de calle junto a su pareja. Ñawi la registra como femicidio.
El 21 de septiembre, Nicole Díaz, de 23 años, suboficial de policía, fue encontrada gravemente herida en una vivienda del barrio Fraternidad, en Capital. Murió tras ser trasladada al Hospital San Bernardo. El OVcM y la Oficina de Género la registran como muerte violenta o dudosa, mientras que Ñawi la incluye entre los femicidios. Su monitoreo señala que murió por un disparo y que no se conocía un vínculo con un posible agresor.
Ñawi enlista la muerte de Marisol Aveldaño, la joven de 21 años, oriunda de General Enrique Mosconi. El caso se conoció el 28 de septiembre. El medio Impacto Salta señaló que la familia expresó dudas sobre el relato de la pareja de la joven, quien les habría indicado que la encontró sin vida y habría aducido un supuesto suicidio.
El 24 de octubre, Roxana Guiravica, de 28 años, fue encontrada sin vida por personal de Caballería que buscaba a un prófugo en Metán. Intervino la Fiscalía Penal Nº 2 de Metán.
El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que la autopsia confirmó que la muerte se produjo por asfixia por ahorcamiento, lo que haría suponer un suicidio. Sin embargo, los familiares de Roxana cuestionaron esta hipótesis y reclamaron que se esclarezcan las circunstancias en las que fue encontrada.
Transfemicidios sociales
El Observatorio Popular Feminista Ñawi también registra en 2026 situaciones de violencia extrema contra mujeres trans que clasifica como transfemicidios sociales.
Entre ellas se encuentran los casos de una mujer trans oriunda de Tartagal y “La Cafu”, de 34 años, quien murió tras sufrir quemaduras en Orán el 26 de septiembre. Por este último hecho fue detenida una mujer de 29 años.
