La concejal Malvina Gareca celebró la aprobación de una ordenanza que lleva los servicios de discapacidad a los barrios. Para el Gobierno nacional: “Para ellos son un número más, una tabla de Excel; como no aportan a su lógica de equilibrio fiscal, dicen dónde recortar”.
Mientras a nivel nacional el sector de la discapacidad atraviesa incertidumbre por los atrasos en los pagos y el futuro de la ley de emergencia, en la ciudad de Salta el Concejo Deliberante aprobó, el miércoles pasado, una ordenanza que apunta a acercar la atención a los barrios. La iniciativa fue impulsada por la concejal Malvina Gareca
Una ordenanza “a contramarcha” de Nación
Gareca sostuvo que la norma se logró “a contramarcha de lo que está sucediendo a nivel nacional” y aclaró que no fue un proceso improvisado: demandó tiempo de debate, trabajo en comisiones y articulación previa con el ámbito provincial.
La edila remarcó además un dato político: en la comisión de Discapacidad del Concejo no participa ningún integrante de La Libertad Avanza, a diferencia del resto de las comisiones. “Es algo para tener en cuenta, por dónde vienen las prioridades para este sector”, señaló. Según relató, el bloque sí intervino en la comisión de Legislación General, donde planteó algunos cuestionamientos, pero finalmente acompañó la votación en el recinto. “Ir en contra de esto es demasiado”, afirmó.
Discapacidad y derechos humanos en los barrios
La ordenanza se apoya en el concepto de rehabilitación basada en la comunidad, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, que propone abordar la discapacidad desde una mirada social y no solo médica. Para ello, se utilizarán los Centros Integradores Comunitarios (CIC) como herramienta de descentralización de las políticas públicas.
El programa se desarrollará por etapas:
- Capacitación: el primer paso será formar a los funcionarios y al personal de los CIC en la temática, para derribar lo que Gareca definió como la “barrera actitudinal”, origen frecuente de situaciones de discriminación.
- Diagnóstico: relevar qué personas con discapacidad viven en cada zona y barrio para definir los servicios necesarios.
- Servicios descentralizados: operativos de la Junta Médica para tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y detección temprana de condiciones del neurodesarrollo, hoy concentrados en el Centro Cívico Municipal.
- Abordaje transversal: deporte, talleres laborales y articulación con el Centro de Rehabilitación de la Provincia, colegios profesionales (fonoaudiólogos, kinesiólogos) y universidades como la Católica y la Nacional de Salta.
La norma tiene 90 días para ser reglamentada y su seguimiento se hará desde el Consejo Municipal de Discapacidad, integrado por organizaciones de personas con discapacidad. Gareca destacó que otro objetivo central es el acompañamiento a las familias, que muchas veces reciben un diagnóstico y “no saben por dónde empezar”.
“Estamos a la deriva”
En el plano nacional, la concejal fue contundente. Recordó que la ley de emergencia en discapacidad fue sancionada tras el rechazo del Congreso al veto presidencial y que, sin embargo, “no la están cumpliendo al día de hoy”. Calificó ese hecho como “tremendo como mensaje” para las instituciones, por la falta de respeto a la división de poderes.
Denunció, además, que el Gobierno intentó incluir en el Presupuesto 2027 modificaciones contrarias a lo establecido en la ley de emergencia y que debió dar marcha atrás. Actualmente existen un dictamen de mayoría que contempla varios puntos de la ley y otro que propone extender la emergencia hasta 2027.
También se refirió a las investigaciones por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y a la salida de su titular, Diego Spagnuolo, cuyo caso, afirmó, dejó a la vista un faltante de fondos y sobreprecios en droguerías. Consideró que, a su criterio, el Gobierno debería extender la emergencia un año más, convocar al sector y ponerse al día con los prestadores. Vinculó además el interés oficial en el tema con la próxima visita del Papa a una de las instituciones más golpeadas por los recortes.
Construir comunidad
Pese al panorama, Gareca reconoció que la ordenanza “no resuelve de fondo”, pero la definió como un piso para “ir creando comunidad” desde lo más básico: la no discriminación. “Desde la banca que ocupo, seguiré visibilizando una temática golpeada, pero que desde acá intentamos sostener”, concluyó.
