“Acá se quieren dólares frescos para pagar una deuda totalmente ilegítima y usuraria. Esto viene con la reforma laboral, con el pacto con el FMI: es un saqueo nacional de características globales.”
Néstor Pitrola, diputado nacional, Frente de Izquierda de las y los Trabajadores expresó que la reforma a la Ley de Glaciares tiene nombre y apellido: megaminería, horas antes de la sesión en el Congreso donde se trataría la modificación a la Ley 26.639, aquella que en 2010 costó años de lucha popular para proteger glaciares y áreas periglaciares que proveen agua a siete millones de argentinos.
“La nueva ley viene completamente vacía de contenido. La llaman federal porque las provincias decidirán qué se aplica y qué no, pero ya sabemos que los organismos provinciales están totalmente alineados con las compañías mineras”, advirtió Pitrola. El resultado, según el legislador: una ley a medida de diez grandes corporaciones extractivistas internacionales.
Pitrola situó el debate en un contexto geopolítico mayor. Argentina, sostuvo, es un objetivo estratégico en la disputa entre Estados Unidos y China por el litio, las tierras raras, el oro, el cobre y el petróleo. Recordó que la general Laura Richardson, jefa de la Cuarta Flota estadounidense, visitó el país en dos oportunidades y se reunió con todos los líderes políticos para dejar claro el interés de Washington sobre el arco Bolivia-Chile-Argentina.
“Milei niega el calentamiento global como agente de los grupos económicos mundiales que quieren ignorar las protecciones ambientales para sostener el lucro capitalista”, afirmó el diputado, y agregó que algunos proyectos como Vicuña y El Pachón ya estarían violando la ley vigente en sus trabajos preparatorios.
Frente al argumento oficial de que la megaminería atraerá 60.000 millones de dólares en inversiones, Pitrola fue demoledor: la minería formal emplea apenas 11.000 personas en todo el país, y con todos los empleos directos e indirectos llega a 38.000. El año pasado, en pleno auge del sector, la planta laboral minera cayó un 5,3%.
A eso se suma el RIGI y una regalía del 3% —una de las más bajas del mundo— que en la práctica deja poco o nada al Estado. “San Juan es la provincia más minera del país, con 20 años de actividad, y tiene un 34% de pobreza, seis puntos por encima de la media nacional. Eso lo dice todo”, sentenció. Además, el RIGI habilita que los dólares de exportación permanezcan en el exterior sin pasar por el Banco Central, lo que Pitrola calificó como “entrega colonial”.
El diputado llamó a la movilización al Congreso y a construir una alternativa política desde los trabajadores, con nacionalización minera integral, derecho a veto de las comunidades y control del comercio exterior. “Esta Argentina merece que luchemos hoy mismo. No podemos esperar al 2027, y menos si el recambio peronista que se prepara viene a seguir el mismo modelo”, concluyó Pitrola, quien además confirmó que el Partido Obrero ya presentó el pedido de juicio político al Presidente.
