“El gobierno quiere pagar un 12% en tres cuotas en lugar del 51% que manda la ley. Eso es condenar a nuestros compañeros a una situación económica muy difícil.”
Diego Maita, secretario general de ADIUNSA (Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta), no necesitó buscar datos lejanos para graficar la crisis universitaria: la ilustró con su propia experiencia. Hace dos semanas se presentó a un concurso docente en el nivel terciario. Lo ganó. Pero la noticia no le causó alegría: sería su cuarto empleo.
Ese dato personal condensa la situación de miles de docentes universitarios en todo el país. Según Maita, para recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023, los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas deberían recibir un aumento del 51%, tal como establece la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada el año pasado por el Congreso, vetada por el Ejecutivo, ratificada por las cámaras —y sistemáticamente ignorada por el gobierno de Milei.
El dirigente gremial precisó que la caída salarial no comenzó con Milei: los docentes universitarios llegaron a diciembre de 2023 ya con 20 puntos de pérdida acumulada durante el gobierno de Macri y 10 puntos más durante el gobierno de Alberto Fernández. Pero desde entonces, el desplome se profundizó de manera drástica. Sin contar aún la inflación de febrero, la brecha entre los aumentos salariales y el costo de vida ya exige ese 51% de recuperación.
El escenario se agrava mes a mes: en enero no hubo aumento, en febrero tampoco, y el Ejecutivo ya advirtió que si los gremios no aceptan su propuesta —un 12% escalonado en tres cuotas— en marzo tampoco habrá incremento. Tres meses sin actualizar el sueldo en un contexto de inflación implica, según Maita, una nueva pérdida de entre ocho y nueve puntos adicionales.
Ante este panorama, el congreso gremial resolvió —aunque con una votación ajustada— ir a paro durante dos semanas: la del 16 de marzo y la del 30. Si al término de ese período no hay respuestas, el gremio evaluará nuevas medidas de fuerza.
Maita fue especialmente crítico con la conducción de la UNSA. Señaló que la universidad fue una de las primeras en aprobar su presupuesto 2026, con recortes que ya estaban “en línea” con los números del gobierno nacional, como si el rectorado tuviera información anticipada. “No tensa, no discute, no pide presupuesto”, resumió. Además, cuestionó que el rector haya adherido por resolución propia al decreto que declara al 2026 “año de la grandeza argentina”: “Si algo hay que recordar en 2026 son los 50 años del golpe de Estado, no celebrar un gobierno que nos está asfixiando.”
“Veo una clara coherencia de un rector que cada vez más defiende y adhiere a este gobierno.”
El dirigente describió un cuadro de situación que mezcla agotamiento físico y emocional con estrategias de supervivencia que hasta hace poco eran impensables en el claustro universitario. Algunos docentes salen a concursar en escuelas primarias, secundarias o terciarias. Otros reducen su dedicación en la UNSA para buscar trabajo en el sector privado. Los hay quienes venden comida entre sus propios compañeros, compran en mayoristas para revender, o se descargan aplicaciones de transporte para ganar unos pesos más.
Incluso una integrante de la comisión directiva de ADIUNSA anunció que no continuará en la lista para las elecciones de abril porque está evaluando abandonar la universidad por una oferta laboral más satisfactoria económicamente. “Perdemos una gran profesional en la UNSA”, lamentó Maita
