“Nosotros que tenemos las mismas obligaciones, no estamos recibiendo el mismo trato que reciben los colegios que, lamentablemente, por tener una religión en particular, tienen este beneficio”.
Pablo Pereyra, presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados sin Aporte Estatal de Salta, AEPSA, denuncia la desigualdad y expresa que la reciente desregulación de cuotas y matrículas en colegios privados sin aporte estatal dispuesta por el gobierno nacional generó interrogantes sobre el impacto en las familias salteñas. Sin embargo, Pereyra, fue contundente: en Salta, esta medida no modificará sustancialmente el panorama educativo, en la capital del país, el 90% de los colegios reciben aporte estatal y estaban sujetos a topes en sus cuotas.
De los 174 establecimientos privados en Salta, 54 no reciben aporte estatal, y de ellos, 30 están nucleados en AEPSA. Pereyra tranquilizó a las familias: “Siempre se cobró lo que necesitamos cobrar, no es que hubo que pedir permiso”. Las cuotas se definen según necesidades presupuestarias, con un promedio actual de 250.000 pesos mensuales, aunque pueden arrancar desde 180.000 o 200.000 pesos.
El presidente de AEPSA fue especialmente crítico con la inequidad del sistema. Comparó la situación de los colegios sin aporte con los confesionales subvencionados: “Nosotros pagamos el sueldo de diciembre con un dinero que no ingresa en enero. Sin embargo, los colegios confesionales, con el aporte que tienen el primer día hábil, tienen el 75% de sus salarios depositados”.
La desigualdad se extiende a otros aspectos. “Todos nuestros establecimientos son alquilados”, destacó, mientras que los colegios confesionales son propietarios de sus edificios, que pertenecen a la iglesia y están “exentos hasta el pago del agua”.
Sobre el temor a la mercantilización de la educación, Pereyra explicó que los colegios privados sin aporte deben ser extremadamente cuidadosos: “No podemos quedarnos tranquilamente sin alumnos”. La experiencia post pandemia lo demostró: los aumentos frecuentes de cuotas provocaron que muchas familias migraran a opciones más económicas o a la escuela pública.
Sin embargo, el panorama actual muestra signos de recuperación. “Estamos viendo un leve retorno de esa matrícula que en alguna vez se nos fue”, reveló Pereyra. Las familias vuelven a hacer el esfuerzo para enviar a sus hijos al colegio privado, “tal vez porque no han encontrado respuestas pedagógicas acordes a sus necesidades en la escuela pública”.
Los números reflejan una realidad compleja: con un promedio de 25 alumnos por aula y una morosidad de entre 20 y 25% que se define a partir de julio-agosto, estos establecimientos operan en una cuerda floja financiera. “Cuando se complica la situación en una familia, lo primero que se deja de pagar lamentablemente es el colegio”, admitió.
Para compensar estas dificultades, las instituciones ofrecen planes familiares para dos o tres hermanos, becas al mérito y becas a hijos de veteranos de Malvinas, además de formas de pago accesibles. “El colegio privado ha tenido que ver la forma de captar la matrícula, no solamente con el ideario, sino también con alternativas financieras”, explicó.
El reclamo central de Pereyra apunta al corazón del sistema: la desigualdad de trato entre instituciones con idénticas obligaciones pero diferentes beneficios según su confesionalidad. Una denuncia que resuena en un contexto donde 54 establecimientos educativos salteños funcionan sin el respaldo estatal que sí reciben otros por su pertenencia religiosa.
