El Partido Justicialista (PJ) designó a los interventores: De Salta, Sergio Berni y María Luz Alonso, y de Misiones, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez.
El principal argumento para la intervención en Salta se asienta en el accionar que tuvieron en el Congreso tres diputados nacionales salteños, que además son autoridades pejotistas en la provincia: Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega. A nivel nacional se señaló que los legisladores acompañaron en reiteradas ocasiones medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei, como el voto afirmativo a la Ley Bases o la abstención en la sesión que dejó firme el veto presidencial al aumento a los jubilados.
La intervención no cayó bien entre las autoridades partidarias provinciales. “La decisión del Consejo Nacional de intervenir nuestro partido, que está política e institucionalmente sólido y ordenado en todo aspecto, es claramente ilegal y arbitraria”, indicó el PJ salteño en el comunicado. En ese sentido, planteó que “la medida informada carece de argumentos que puedan justificar una intervención” y que constituye “una muestra cabal de la falta total de democracia interna de un PJ nacional centralista, que vulnera la voluntad de los afiliados de nuestro distrito”.
El comunicado del PJ de Misiones también fue muy duro. “Expresamos nuestro más profundo rechazo al pedido de intervención. Es un intento de golpe institucional. No hay motivo para promoverla”, sentenciaron las autoridades partidarias de Misiones. Y agregaron: “El PJ misionero se encuentra con todas sus autoridades con mandato vigentes, y con sus estados contables, presentaciones judiciales y órganos administrativos, al día”.
“Es una intervención política, no institucional. Apelamos al sentido común de las autoridades nacionales del partido para allanar un camino al diálogo político y poder encontrar lazos en un camino de unidad del peronismo”, concluyeron.
