Gobernadores, dirigentes políticos y empresarios acudirán esta noche a Tucumán para firmar o atestiguar, tras una vigilia, todos de negro y en los primeros minutos del 9 de julio, se firmará “El Pacto de Mayo”.
El punto uno está consagrado por la Constitución Nacional, pero no deja de tener relevancia que el Gobierno lo eleve por encima de otros derechos, por caso de todos los que tienen sesgo social.
Los puntos dos y tres imponen el necesario equilibrio fiscal en términos eminentemente regresivos, dados exclusivamente por un recorte del gasto público de unos 18 puntos del PBI desde el nivel dejado por el gobierno de Alberto Fernández. Si se habla de una reforma tributaria –punto cinco–, no es en términos de que aporte más quien más tiene, sino de una reducción de la presión impositiva para los sectores empresariales y con capacidad de ahorro, esto es en beneficio de los ricos.
Así las cosas, el subtexto es un deterioro de los servicios públicos, las herramientas de los sectores medios y populares para dar pelea sin tener las manos atadas en una sociedad ultracompetitiva y ultrainequitativa como la que se pergeña.
La salud pública ni es mencionada y la educación –punto cuatro– es aludida en términos de “utilidad”, sin menciones a su gratuidad y ni siquiera a su calidad. Esto brillaba por su ausencia en la redacción inicial de las nuevas tablas de Moisés, pero fue incorporado para facilitar la presencia de representantes de la Unión Cívica Radical (UCR) en la puesta en escena. La concesión fue pequeñita, tibia y ambigua como las actuales conducciones radicales. Cabe, ciertamente, usar el plural al hablar de ese partido feudalizado.
El ítem seis –rediscusión de la coparticipación federal– es una fórmula sin destino ya que sólo sería posible mediante el aval unánime de todos los gobernadores, cosa que ocurrirá.
El siete –la explotación de los recursos naturales– es una invitación a los ya convencidos de sumarse al abusivo RIGI. El ocho –la reforma laboral– no tendrá en el Pacto de Mayo representación sindical ni mayores chances en el Congreso y el nueve –otra reforma previsional– es un collar de melones político que habrá que ver quién tiene ganas de colgarse.
El punto diez –la apertura comercial– es una incitación a que muchos de los empresarios que se harán presentes –en particular los industriales– se pregunten qué diantres estarán haciendo allí.
Una de dos: o la casta se hizo mileísta –no es el caso– o casi nadie entiende lo que ocurrirá más que como un acting, una pócima amarga inevitable en el corto plazo, pero sin efectos duraderos.
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