En H7 Radial por FM Noticias 88.1, el delegado del INADI en Salta, Gustavo Farquharson, habló sobre la intervención del organismo ante las denuncias por abuso sexual que realizaron unas 25 mujeres originarias en contra de criollos.
El delegado advirtió que “el principal ámbito de denuncias (por parte de las comunidades) son las oficinas públicas en general”.
El delegado del organismo nacional advirtió que este tipo de hechos “no es nuevo, sino que es una práctica que se lleva adelante desde que Colón llegó a América”. “Es una práctica que se conoce como ‘chineo’, y lo digo entre comillas porque es un término que no es aceptado en su totalidad por las comunidades originarias”, señaló.
Explicó también que “tiene que ver con una práctica de dominación de los criollos sobre las mujeres y niñas indígenas”, aunque aclaró que “no solo se lleva adelante sobre el cuerpo de esa mujer, sino que es una práctica de dominación de un pueblo sobre otro que se da desde siempre, aunque lamentablemente haya sido invisibilizada”.
Recordó así que “en algunos tiempos de nuestra historia ha sido relativizada por alguna corriente intelectual cuando se planteaba desde una cuestión cultural”, y amplió: “Afortunadamente, ese discurso ya no se repite. Y hay que decir que es una práctica de abuso que no solamente tiene que ser considerada como un delito sexual, sino que es mucho más grave porque tiene una carga de racismo y de odio que debería ser tipificada en el Código Penal para que haya penas más graves, similar a lo que se ha hecho con el femicidio”.
Así las cosas, y frente a la recurrencia de este tipo de delitos, Farquharson remarcó que “las comunidades originarias son uno de los sectores que más consultan al INADI”. Hizo hincapié en el hecho de que “el principal ámbito de denuncias son las oficinas públicas en general”, y afirmó que “hay una falta de perspectiva indígena en el Estado”.
Frente a ello, señaló que, desde el INADI, presentaron en diciembre un proyecto de ley que busca establecer capacitaciones obligatorias, en la misma línea que la Ley Micaela establece una capacitación obligatoria en Perspectiva de Género para todos los agentes del Estado.
“También es necesario que el Estado incorpore funcionarios y funcionarias indígenas porque se elaboran políticas desde una visión europea, criolla, que fallan. Sería fundamental y estratégico que sean las propias comunidades las que puedan desarrollar políticas públicas para resolver sus problemáticas”, agregó el delegado, poniendo el acento también en la necesidad de trabajar con perspectiva en el Poder Judicial.
“El Estado nacional tiene una deuda histórica con las comunidades originarias. Es necesario empezar a saldar esa deuda y tomar en cuenta todos estos temas”, enfatizó resaltando que se encuentran a disposición de la justicia para participar como amicus curiae o para presentar informes técnicos.
“Hay un faltante enorme de capacitación a los agentes públicos, y mucho más cuando uno habla de las comunidades originarias. Se desconocen las leyes, producto de una hegemonía del discurso se intentan imponer ciertas prácticas que van generando discriminación, prácticas racistas”, agregó Farquharson.
Consideró que “hay un conjunto de medidas que se deben ir tomando”, y puntualizó: “Las condiciones de vida a las cuales han sido arrojadas las comunidades es tremenda, despojadas de sus tierras, con falta de acceso al agua, a un ambiente sano donde puedan desarrollar sus actividades. Claramente, hay que tener una voluntad política para emprender este camino donde podamos generar las condiciones para que las comunidades vivan de acuerdo a su cultura. Para esto hace falta avanzar mucho más de lo que lo hemos hecho ahora”.
Fuente: Hora 7 radial – FM Noticias 88.1 MHz.
